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El caso Zapatero como test |
El caso Zapatero es toda una prueba del algodón para la democracia. Gabriel Rufián lo ha expresado muy bien. Parafraseado queda más o menos así: si lo de Zapatero es verdad, es una mierda. Si es mentira, es una mierda mayor todavía. Nos encontramos ante lo que en lógica se llama argumento o dilema bicorne, que es un razonamiento en el que se presentan dos alternativas excluyentes y ambas son o negativas o inaceptables. El hecho de que nos planteemos esa alternativa excluyente pero desfavorable en los dos casos es la prueba irrefutable de que ya no nos fiamos de nada, de que ya no creemos en nadie. En primer lugar, no nos fiamos del Ejecutivo. De cualquier ejecutivo: casos Gürtel y Kitchen; ERE y Mascarillas… Muchos ministros y altos cargos se han comportado de manera que aunque se pueda decir que los corruptos son la excepción, la corrupción está ampliamente generalizada. Y así el ciudadano de a pie no se echa las manos a la cabeza cuando sale a conocimiento público el caso de algún político corrupto. Como si aquella frase que pronunció Vicente Sanz siendo secretario general del PP en Valencia “yo estoy en política para forrarme” fuera la consigna de muchos de los que ostentan un cargo público.
Quienes sin aceptar que Zapatero haya cometido algún ilícito penal tampoco ponen la mano en el fuego por él afirman que el juez Calama no es Peinado. Y eso debe ponernos en guardia. Existen jueces, como se supone que es Peinado —y otros sentados en cátedras en el Tribunal Supremo—, a los que se les presume si no venalidad sí, al menos, sesgos ideológicos o existencia de intereses que desvirtúan o corrompen sus juicios. La palabra ‘lawfare’ se invoca con demasiada frecuencia. Del hecho de que la mayoría de altos cargos del Poder Judicial pertenecen a alguna asociación, a pesar de que en conjunto solo algo más de la mitad de los jueces están afiliados, se puede deducir que existen grupos de presión en el seno de la Magistratura. Si además observamos las luchas despiadadas entre los dos principales partidos políticos ante las renovaciones de miembros del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, tenemos que hay justificadas razones para poner en tela de juicio la independencia judicial.
Vayamos ahora al Poder Legislativo, en el que la adscripción de los diputados a un partido político es consustancial al procedimiento mismo para su elección, las listas cerradas. Estamos viendo que el principal partido de la oposición obra sin la menor cautela o reserva ante lo que siempre y por su propia naturaleza es incierto, el sentido de una sentencia. Si este estuviera predeterminado, la función judicial habría perdido todo su significado. Sin embargo, el PP está dando por cierto lo que solo debe ser una mera conjetura: que el expresidente Zapatero haya incurrido en ilícitos penales. Y no le basta, sino que a partir de tal premisa hace inferencias que ya ni siquiera están contenidas en el auto del juez que investiga a Zapatero. Atribuye al actual Gobierno la responsabilidad de las actividades del anterior presidente socialista. Es decir, la sospecha más o menos fundada se convierte en condena pública, con lo que la instrucción judicial deviene arma partidista.
El caso Zapatero, como decíamos, se convierte en la prueba del algodón de la democracia española. No sale muy bien parada. Tenemos sobre el papel separación de poderes e instituciones perfectamente homologables en Europa. Sin embargo, la lucha descarnada por el poder las está pervirtiendo. En primer lugar, preocupa el nivel de corrupción que aflora desde hace años. Y en segundo, la lucha por alcanzar el poder político empaña la separación de poderes. El PP está mejor posicionado por su proximidad al poder económico y también parece contar con más complicidades en el poder judicial. Se diría que, sintiéndose los amos del país, están ansiosos por controlar de una vez lo que se les lleva resistiendo. Y no es otra cosa que el uso del Boletín Oficial del Estado. |
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Artículo
aparecido en:
La Opinión de Murcia |
Fecha publicación:
24/05/2026
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