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Vicios privados y vicios públicos |
¿Se debe juzgar al político en términos morales? No es necesario ser un defensor del conocido aforismo “vicios privados, beneficio público” que sirve de título a la obra del teórico de la economía Bernard de Mandeville para declarar de nulo interés el comportamiento privado de cualquier cargo público. Debería resultar indiferente si el exministro, ex mano derecha del presidente, y ex secretario de organización del PSOE José Luis Ábalos eligió por catálogo o de cualquier otra manera a la que fue su acompañante, novia o lo que fuera, Jessica Rodríguez. O si era la única o había dos mujeres más que compartían su relación con el exministro. Lo que sí importa y mucho es que la retribución, por los servicios que fueran, que percibía la tal Jessica —y sus hipotéticas compañeras— corriera a cargo del erario público. Y al parecer, de Jessica sí se sabe que cobró de dos empresas públicas en las que ni siquiera comparecía. Sentada la presunción de inocencia, hay sobrados elementos de sospecha de que Ábalos haya estado inmerso en una trama de negocios ilícitos que sufragaban con dinero público buena parte de sus vicios privados. Al menos parece bastante probable que el alquiler del caro piso que ocupaba la ínclita Jessica corría de cuenta del turbio empresario Víctor Aldama, con el que Ábalos parece que habría estado implicado, entre otras cosas, en la importación de mascarillas durante la pandemia.
Precisamente ahora que se cumplen cinco años del estado de alarma y se está haciendo balance de qué cosas se han puesto de relieve con el COVID-19 es justo recordar y celebrar el comportamiento altamente ejemplar y entregado de los profesionales de la sanidad del que todos podemos enorgullecernos. Al mismo tiempo, como en todas las situaciones extremas, queda patente lo mejor y lo peor de la naturaleza humana. Y lo mismo que hemos de poner en el haber el esfuerzo generoso de tantos profesionales, también hay que señalar en el debe cómo otros más ruines trataron de sacar tajada del sufrimiento ajeno con nula empatía. Hay una pléyade de comisionistas sin escrúpulos que obtuvieron pingües beneficios con su intermediación en la importación de mascarillas y otro material sanitario. Aprovechándose de la urgente necesidad de ese material, cobraron comisiones elevadísimas a cambio de productos en ocasiones defectuosos. Lo inaceptable es que estos comisionistas desfachatados aprovecharon su proximidad a determinados políticos para acceder a contratos con la Administración. El comportamiento de los políticos avecindados en esos negocios de río revuelto no puede considerarse virtuoso, sino culpable —al menos por omisión, ‘in vigilando’—.
Pero todavía son peores los “protocolos de la vergüenza” que condenaron a miles de ancianos a morir sin atención médica en las residencias. Parece que ahora empiezan a admitirse en algunos juzgados las denuncias de familiares de fallecidos en esas circunstancias. Demasiadas veces estas residencias son negocios privados en los que inversores sin escrúpulos aprovechan la indefensión de los viejos para obtener grandes beneficios ante la pasividad de las instituciones que deberían vigilar para que la atención de los internos sea la adecuada.
También la DANA en Valencia —otra situación extrema—nos hace reflexionar sobre los vicios privados y las virtudes públicas. Nada nos importa saber qué estuvo haciendo Mazón o con quién cuando muchos valencianos estaban ahogándose por las inundaciones. Lo importante es precisamente su ausencia del lugar donde debería haber estado. Que el líder de su partido está mostrando cobardía y pusilanimidad no tendría que importar si se tratase solo de asuntos privados. Pero precisamente esa falta de coraje es la que lo lleva a dilatar ‘sine die’ la exigencia de dimisión a su absentista barón autonómico valenciano. Y eso sí es incompatible con su responsabilidad pública. |
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Artículo
aparecido en:
La Opinión de Murcia |
Fecha publicación:
16/03/2025
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