Hacer país

Las últimas cifras macroeconómicas, algo así como una mirada a vista de pájaro, arrojan cifras que empujan a una lectura optimista. La EPA publicada este viernes da un saldo de 138.000 empleos más en un periodo en el que lo normal sería que el paro aumentara. Nuestro crecimiento económico por encima de la media de los países de UE —el Gobierno estima que será del 2,7% en 2024— también invita al triunfalismo al que se acoge resueltamente Pedro Sánchez cuando pregona a los cuatro vientos que la economía va ‘como una moto’, o ‘como un cohete’ en los momentos de mayor exaltación autocomplaciente.

No obstante, la pobreza crece en España. El 21,7 % de la población, es decir, unos 10 millones de personas, está en riesgo de pobreza. La cifra supone un incremento de siete décimas respecto a los datos del año pasado, esto es un aumento de unas 300.000 personas. Es decir, mientras el PIB crece, la gente se empobrece y es cada vez más frecuente que personas que tienen trabajo no tengan acceso, no ya a una vivienda digna, ni siquiera a una indigna, si no que directamente viven en la calle.

¿Qué decir del paro juvenil que alcanza el 26,6%, el doble de la tasa mundial según la OIT? La escasez y carestía de la vivienda y el paro juvenil son los dos principales obstáculos a la emancipación de nuestros jóvenes. Una juventud lastrada por la falta de oportunidades para gozar de una vida mínimamente confortable en el mismo país donde el PIB aumenta no es la mejor perspectiva para el futuro y la cohesión social.

El alto precio de la vivienda está señalando un agujero importante en una de las redes más eficaces para proteger de la caída en la pobreza. Es cierto que las grandes ciudades —no solo las europeas— se han convertido en un territorio extraordinariamente propicio para la especulación inmobiliaria, con el consiguiente efecto de encarecimiento de los pisos. También es cierto que el auge del turismo —un sector vital para la economía española— ha contribuido, con la proliferación de los pisos turísticos, a la escasez y carestía de viviendas disponibles para comprar y, sobre todo, para alquilar. Pero lo que está poniendo de relieve esta crisis es la ausencia de una política seria de vivienda desde hace muchos años. España se sitúa a la cola de Europa con apenas un 2,5% de vivienda social. Muy lejos de los Países Bajos donde se alcanza un 30%, o de la ciudad de Viena en la que un millón de personas —la mitad de la población— ocupa pisos de titularidad pública. Esa es la auténtica solución a largo plazo para la crisis de la vivienda, lo cual no quiere decir que no haya que tomar medidas urgentes para ir aportando soluciones inmediatas a esta cuestión que tanto malestar social está provocando.

No son estos los únicos problemas estructurales en España, como el aumento del índice de pobreza con salarios que disminuyen a la par que la riqueza aumenta o las diferencias salariales entre hombres y mujeres. En todo caso, para abordar estos graves desafíos sería necesaria una clase política muy distinta de la que ahora tenemos en nuestro país. Una que fuera capaz de mirar el largo plazo y de entender que están donde están para servir al país y a sus habitantes. Una clase política que produjera un discurso articulado, coherente y racional en el que las diferentes concepciones ideológicas se obviaran en las cuestiones de Estado y el largo plazo. Una clase política no solo preocupada por tapar sus abundantes vergüenzas y airear las del rival. Una clase política coherente y honrada a la que no se le descubrieran cada dos por tres negocios opacos cuando no fraudulentos. Una clase política en la que, por ejemplo, el feminismo no fuera un discurso del que apearse cuando hay que tapar el indigno y presuntamente delictivo comportamiento del correligionario abusador.

Artículo aparecido en:
La Opinión de Murcia

Fecha publicación:
27/10/2024


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