Megaupload y la SOPA indigesta
El cierre de la web de descargas Megaupload por parte del FBI estadounidense y la detención de sus responsables está agitando la red. Medios de comunicación, foros, blogs, redes sociales están que hierven. En el cierre de Megaupload hay un conflicto de intereses. La web albergaba contenidos protegidos por el derecho a la propiedad intelectual, violando las leyes de numerosos países con ello. Sin embargo, no se puede olvidar que también era utilizada por usuarios que encontraban en ella un medio para compartir contenidos (documentos, imágenes, vídeos, etcétera) que no violaban ninguna ley de propiedad intelectual. A fin de cuentas, Megaupload fue el precursor de un recurso, el computing in the cloud, que hoy ofrecen muchas empresas perfectamente legales y que facilita enormemente el trabajo en redes. El cierre súbito de la web ha hecho que los usuarios de buena fe hayan perdido el acceso a los contenidos de su propiedad que se encontraban alojados en la página cerrada. Además, todos aquellos usuarios que habían pagado una cuota por su uso han perdido su dinero. De ahí que el cierre haya perjudicado legítimos intereses por atender la demanda de los grandes perjudicados por el funcionamiento de esta web —que no es la única, por cierto— de descargas.
Las grandes industrias del audiovisual estadounidenses veían como sus películas y su música era pirateadas y subidas a las páginas de descarga como la recientemente cerrada por el FBI desde las que cualquiera podía bajárselas a su ordenador y verlas o escucharlas de modo gratuito. Han sido esas grandes empresas las que han presionado a las autoridades estadounidenses para que persiguiesen webs como Megaupload. El resultado es que para frenar una actividad ilegal se comete otra ilegalidad. Han triunfado los intereses de las grandes industrias del entretenimiento sobre los derechos de los usuarios que utilizaban de buena fe los servicios que ofrecía Megaupload.
¿Se podían haber defendido los intereses —lícitos, desde luego— de las grandes industrias sin menoscabar los derechos de los usuarios particulares que no infringían ninguna ley? No es fácil una operación quirúrgica en la que solamente los tejidos enfermos —ilegales— fuesen amputados, dejando los sanos —legales— íntegros. Pero eso mismo sucede con otros sitios de internet —como YouTube o Google, por citar dos conocidísimos—, a los que algunos usuarios suben contenidos protegidos por copyrigth. En la medida que se presentan reclamaciones de esos derechos vulnerados, se retiran o se bloquean. La diferencia es que Megaupload y otros sitios similares tienen en la piratería su principal fuente de ingresos, cosa que no sucede con los dos citados YouTube y Google. ¿Justifica eso la ilegalidad cometida por el FBI al cerrar una web y perjudicando con ello a usuarios que actúan de buena fe? Entiendo que de ninguna manera, que han triunfado, una vez más, los intereses y la capacidad de influencia de las grandes industrias.
Hay que reconocerles a esas grandes industrias el derecho que les asiste a la defensa de su negocio. Pero creo que no es de esa forma como lo van a preservar a largo plazo. No se puede olvidar que ya en 2001 lograron el cierre de Napster pero no pararon con ello el intercambio de archivos de música. Pasado el efecto inicial, nuevas webs volverán a funcionar alojando sus servidores en lugares a donde no puedan llegar los brazos del FBI. El mismo martes pasado Anonymous publicó enlaces de descarga de toda la discografía y buena parte de la filmografía de Sony para demostrar la futilidad del cierre de una web de enlaces.
Hoy, internet ha modificado en panorama y los hábitos de consumo. La industria no puede seguir aferrada a las antiguamente muy rentables formas de difundir sus productos. Hoy la gente adquiere discos duros de enorme capacidad donde almacena su música, su cine, sus series favoritas, sus libros y los reproduce en su ordenador, en su tableta o en su home cinema. ¿Quién quiere seguir almacenando CD’s o DVD’s? Y si la industria no necesita del soporte físico, ni la logística, ni el transporte, ¿por qué se empeña en mantener unos precios tan altos para sus productos? Nada justifica la piratería. Soy de los que creen que el autor tiene derecho a cobrar una parte del dinero que produce su creación. Cómo no iba a creer en ello si yo mismo soy un (modesto) autor. Y debe ser la industria la que ponga en circulación esos bienes culturales a cambio de la obtención de beneficios. Precisamente por eso es exigible que los que se dedican a esa industria sean capaces de adaptarse a los tiempos actuales y crear un sistema de distribución atractivo y eficaz. Es un disparate que uno se encuentre catálogos más amplios y asequibles en las páginas piratas que en las legales. La industria cultural —visual, sonora y también la literaria— no está sabiendo entender que la realidad de internet ha cambiado los hábitos de consumo. No se puede seguir aferrado al viejo sistema pretendiendo que los consumidores sean moralmente intachables —que sería magnífico que lo fuesen— y renuncien al consumo pirata. O, alternativamente, defendiendo sus intereses con medidas que perjudican los intereses perfectamente lícitos de terceros, como con el cierre de Megaupload.
Creo que la forma más eficaz que tienen las industrias culturales de luchar contra esa forma de delincuencia llamada piratería informática es apostar decididamente por las nuevas tecnologías. La mejor manera de disuadir del consumo ilegal es poner en el mercado catálogos amplios a precios asequibles y dar facilidades para las descargas por internet. Se trata de hacer de la enorme capacidad de transmisión de datos que aporta la red un aliado del negocio y no algo de lo que desconfiar y que obstaculizar. Mientras eso no suceda, la ley Sinde, la SOPA estadounidense y similares no dejarán de ser serán remedios indigestos y de dudosa eficacia.

Artículo aparecido en:
La Opinión de Murcia

Fecha publicación:
26/01/2012


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